La publicación Hacia el Pleno Ejercicio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia reflexiona sobre esa etapa de la vida a partir de una serie de indicadores socioeconómicos. Los investigadores de la Universidad Católica Argentina presentaron un exhaustivo estudio sobre el tercer año de la Serie del Bicentenario (2010-2016). Entre otras cuestiones, el trabajo pretende explicar las desigualdades sociales para que sirvan de herramientas al momento de tomar decisiones al respecto.
Nahuel Amore | Dos Florines
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La publicación se destaca por una transparencia en la metodología de
trabajo y las fuentes.
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La niñez y la adolescencia se constituyen como etapas de la vida fundamentales para la formación y el desarrollo de la persona en su integridad. En este sentido, cubrir las necesidades básicas a temprana edad resulta vital para que ello dé sus frutos en el futuro. Estamos hablando de brindar un conjunto de aspectos que no se limitan sólo a los alimentos, la salud y una vivienda digna, sino que se incluyen además otros referidos a la educación, los procesos de socialización y los derechos a la información.
Precisamente, concretar el estudio de esa compleja realidad social es lo que se propone el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), perteneciente a la Universidad Católica Argentina (UCA). En el marco de las publicaciones Serie del Bicentenario 2010-2016, realizaron el tercer informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (BDSI) correspondiente al 2012, y que presentaron a mediados de agosto de este año.
Bajo el título Hacia el Pleno Ejercicio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia: propensiones, retos y desigualdades en la Argentina urbana 2010-2012, los investigadores buscan reflejar, desde diferentes dimensiones de derechos, la situación social de la infancia y la adolescencia en zonas urbanas argentinas. Es decir, se proponen evaluar el grado de cumplimiento de los derechos de la población comprendida entre los 0 y los 17 años en nuestro país, a partir una mirada integral del desarrollo humano.
En este sentido, se plantean como objetivo advertir las distancias, o niveles de déficit, entre las metas del Estado y la satisfacción real de dichas necesidades. No obstante, advierten que los resultados obtenidos no necesariamente se asocian a las políticas públicas, sino a un conjunto de causas y factores. Asimismo, si bien desmitifican que el cumplimiento del total de los derechos excede a las economías familiares, confirman que la vulnerabilidad en esas etapas de la vida se incrementa a medida que desciende el estrato socioeconómico.
La lectura de la realidad que plantea el BDSI parte de una perspectiva y un fin claramente definidos. Según se pone de manifiesto en el tercer informe del Bicentenario, la intensión no es simplemente efectuar una crítica, sino que “se procura realizar un aporte a los Estados y a la sociedad en su conjunto que sirva a la mejor definición de los problemas sociales que afectan a las diferentes infancias y adolescencias que habitan el territorio nacional, a fin de orientar decisiones en torno a la distribución de recursos y al diseño de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de derechos”.
Economía nacional. Para contextualizar la situación de la infancia en la Argentina, la publicación analiza el rol del Estado y la influencia de la macroeconomía. En primer lugar, valora el avance que se dio en la creación de jurisprudencia, es decir, en la ampliación del plexo normativo que otorga derechos a los niños y niñas. En ese marco, reconoce abiertamente la protección social que permite la Asignación Universal por Hijos (AUH) a las familias que más lo necesitan. Esta transferencia de ingresos ayuda además a mantener bajos los índices de pobreza y a disminuir sensiblemente la indigencia.
Por otra parte, según se manifiesta en la introducción, la economía argentina comienza un período de estancamiento tras el 2008/2009, años del conflicto agrario y coincidente con la crisis que se desata a nivel internacional. Ello produce un significativo incremento en los índices de inflación, es decir, la suba generalizada de los precios durante un curso de tiempo determinado.
A pesar de ello, en el informe se considera que los dos primeros años del Bicentenario (2010 y 2011) permitieron cierta recuperación de las actividades económicas, fundamentalmente gracias al mercado interno y a la balanza comercial superavitaria. Esto posibilitó que el empleo se mantuviera, al igual que los indicadores de desempleo. Aunque también advierte una ampliación del mercado laboral informal.
No obstante, se reconoce que a partir del tercer año la economía sufre una fuerte desaceleración. Según señala, en el 2012 repercuten negativamente tanto el retroceso de las ventas al exterior como el estancamiento de la inversión.
A partir de este breve recorrido se preguntan por el efecto que tienen las políticas estatales y la situación económica del país en los niños y adolescentes pobres e indigentes. En otras palabras, a través del análisis la publicación intenta cubrir diversas dimensiones de derechos que no únicamente se vinculan a la estructura de los ingresos en una familia.
De ese modo, se preguntan sobre los déficits en las siguientes dimensiones: Alimentación, Salud y Hábitat; Subsistencia; Crianza y Socialización; Información; Educación; y Trabajo Infantil. Para comprender estos interrogantes, atraviesan el concepto de desigualdad social, en tanto les posibilitó a lo largo de la investigación afirmar progresos, retrocesos y estabilidades.
Alimentación, salud y hábitat. Esta dimensión evaluada por el BDSI incluye tres derechos elementales para cualquier ser humano, de los cuales para cada uno se obtienen diferentes conclusiones que, tal como advierten, expresan el mantenimiento de las desigualdades durante los tres primeros años del Bicentenario.
En primer lugar está el de una alimentación de cantidad y calidad que asegure, primeramente, el sustento físico y una vida saludable, además del crecimiento, el desarrollo madurativo, el rendimiento escolar y la integración social. Respecto a este punto, el 20 % de la población conformada por esta franja etárea vive en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales un 9,8 % con un riesgo severo y un 10,4% con uno moderado.
En segundo lugar está el acceso a la salud, mediante controles periódicos, asistencia médica y el calendario completo de vacunación. Acá el 46,2 % de ellos no tiene cobertura, sea por obra social, mutual o prepaga. Incluso, de esta población, un 15 % no cuenta con un servicio de salud público cercano a su domicilio.
En tercer lugar está el de condiciones de salubridad de la vivienda que constituye el espacio de residencia de los niños y adolescentes para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Sobre las condiciones de saneamiento adecuadas, el problema del déficit alcanza a un 44 %. Esa dificultad resulta ser mayor en las villas y asentamientos precarios. De estos problemas, el 17 % corresponde al déficit en el acceso al agua potable. Asimismo, un 41 % de los niños y adolescentes no tiene acceso a la red de gas natural y un 20 % vive en condiciones de hacinamiento.
Subsistencia. “El niño/a que vive en condiciones de pobreza monetaria suele pertenecer a hogares con bajo clima educativo, en los que los adultos de referencia experimentan situaciones de exclusión laboral o inserciones laborales precarizadas en el contexto de hogares densamente poblados. La desprotección social que supone la situación de pobreza expone al niño/a o adolescente a múltiples vulnerabilidades: habitacionales; nutricionales; enfermedades; accidentes; explotación económica y doméstica; violencia; discriminación; y acceso insuficiente o inadecuado a la vestimenta, el calzado, la asistencia médica y los servicios sociales”.
Con estas palabras los investigadores de la UCA caracterizan al déficit en la dimensión subsistencia. Tras el estudio, obtienen como resultados que el 25,6 % de esta población vive con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 2 % por debajo del 2010. Por otra parte, un 37,2 % vive en el 2012 bajo la línea de pobreza, es decir, 4,7 % inferior que el 2010. Mientras que bajo la línea de la indigencia, en el tercer año del Bicentenario vive el 8,4 % de niños y adolescentes, es decir, una merma del orden de los 4,2 % respecto al primer año de la serie.
En este sentido, el informe reconoce un efecto positivo sobre la pobreza y la indigencia por ingresos. Esto va acompañado por políticas económicas y sociales a nivel nacional, como la AUH y otros planes sociales, que alcanzaron en 2012 a un 36,4 % de la población infantil, según los datos que precisa la investigación.
Socialización. La crianza y los demás procesos de socialización son concebidos por el Observatorio como el acceso a una “alimentación emocional”. Desde su perspectiva, esta dimensión es un derecho esencial, dado que contribuye al desarrollo cognitivo y a la capacidad de aprendizaje del niño. Se basan en que la inclusión a temprana edad en los procesos educativos de calidad mejora los futuros trayectos escolares. Asimismo, consideran que a medida que crecen, multiplican sus agencias de socialización, que se constituyen como oportunidades de reconocimiento de las representaciones sociales.
Para el estudio de las brechas de desigualdad social, el BDSI investiga los ámbitos que frecuentan los niños según los distintos años, desde el cuidado de la madre hasta el ingreso a la escuela o la integración en el barrio, los clubes y otras actividades recreativas.
De esta manera se obtienen los siguientes resultados: al 31,5 % de los niños y niñas de entre 0 y 4 años no les suelen contar cuentos ni narrar historias orales y el 37 % de ellos no tenía libros infantiles en su hogar. El 6 % de los chicos no suele frecuentar amigos fuera del horario escolar y el 65 % no suele acceder a otros lugares de recreación. El 59,9 % no suele practicar alguna actividad física o deportiva y el 86,9 % no suele ir a colonias de vacaciones. La violencia es otro tema no menor, ya que cerca del 30 % de ellos vive situaciones de violencia física y un 7,4 % de agresiones verbales.
Información. Según el BDSI, el derecho a la información “adquiere particular relevancia en los procesos de socialización de la niñez y adolescencia. Un modo de aproximarse a esta dimensión es a través del acceso a los medios de comunicación, que se constituyen de modo creciente en oportunidades para el acceso a la información pero también en herramientas de expresión de opiniones y participación social”.
En primer lugar, la publicación demuestra una disminución en la tradicional lectura de libros impresos. La falta de hábitos para leer es mayor en la etapa escolar, con un 55 %, mientras que en la adolescencia es del 47 %. Asimismo, respecto a la presencia de libros en los hogares, disminuyó de 59 % a 54,2 % entre el 2010 y 2012.
Por otra parte, la masificación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación permite un mayor acceso, tanto a Internet como a la telefonía celular. En cuanto al servicio de la red de redes, el déficit bajó 14,9 % en 2012 respecto del 2010, igual tendencia que la disponibilidad de una computadora cuyo déficit cayó 13,6 % en el mismo período. De manera similar en cuanto a los teléfonos, disminuyó el déficit un 9,4 % en el acceso que tienen los niños de entre 5 a 17 años, cuya diferencia se marca entre los escolares y los adolescentes en favor de estos últimos. No obstante, el informe advierte que las desigualdades se mantienen entre los diferentes sectores sociales.
Educación. “La educación es un derecho que habilita, promueve y facilita el ejercicio de otros derechos”, expresa la publicación de la UCA. Asimismo, le otorgan “un valor intrínseco e instrumental en el desarrollo humano en cuanto herramienta para el desarrollo de una cultura común, la superación de la pobreza y de la desigualdad”. A lo largo del trabajo se cuantifican y analizan los déficits y las desigualdades en tres grandes franjas: la preescolar, la escolar y la secundaria.
De este modo, arrojan como resultados para el 2012 que el 32,8 % de los chicos de entre 3 y 4 años no asiste a un centro educativo, y que sólo 2 % de los de 5 años tampoco lo hace. En el grupo de niños de 6 a 12 años se registra una tasa de escolarización casi plena, lo que demuestra cómo juega la tradición y obligatoriedad de la escuela primaria. Mientras que en el grupo de edad 13-17 años se estima una tasa de no escolarización de 8,4 %.
Asimismo, en cada indicador también se hace hincapié en los problemas de sobre-edad y en la prevalencia de la problemática en las escuelas públicas en contraste con las escuelas privadas. Lo cierto también es que en el ámbito de la gestión pública se concentra el 74,5 % de la población escolarizada que tiene entre 6 y 17 años.
Entre otras cuestiones, el trabajo de investigación también releva que apenas el 8,2 % de la población escolarizada de entre 6 y 12 años asiste a una escuela de jornada extendida. Respecto a dos temáticas de suma importancia para la actualidad, en la educación primaria se estima que aún queda por extender la enseñanza de computación al 41,5 % de los chicos y la enseñanza de idioma extranjero al 38,5 %. En la educación secundaria las cifras son menores: el 27,2 % de la población escolarizada no accede a la enseñanza de computación, mientras que el 12,4 % no accede a la enseñanza de idioma extranjero.
Trabajo infantil. “La exposición al trabajo doméstico intensivo y/o a la participación en actividades económicas en la niñez y adolescencia, supone riesgos tanto físicos como psicológicos, y atenta contra el pleno ejercicio de otros derechos como la educación, el juego recreativo, entre otros. El trabajo en la infancia promueve la reproducción intergeneracional de la pobreza y la precariedad laboral”, explica el informe sobre esta dimensión de análisis.
De este modo, se destaca como dato que en el 2012 el 14,7 % de los chicos de entre 5 y 17 años realiza algún tipo de trabajo, de los cuales un 6,3 % es doméstico intensivo y otro 10,7 % es económico por fuera del hogar. Así y todo, hay una merma respecto al primer año del Bicentenario que ronda en el 1,5 %. Los resultados también advierten que el trabajo infantil se da con mayor frecuencia en los adolescentes y, de ellos, los varones. Asimismo, en el estrato social más bajo es donde tienen mayor probabilidad de trabajar dado que, incluso, no estudian o lo hacen con sobre-edad.
Finalmente, el informe intenta explicar esta problemática social por medio de un conjunto de factores que convergen. Así, lo considera un fenómeno asociado a la reproducción de los hogares, a la informalidad laboral existente en la Argentina y a la falta de transformaciones necesarias en el marco de la educación secundaria que ya es obligatoria. En este sentido, el cambio cultural es también condición sine qua non para que se acorte la brecha existente entre la teoría de los derechos y la práctica concreta que se da en la realidad social actual.
DATOS
- 12.333.747 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años se estima que viven en la Argentina: 3.337.652 de 0 a 4 años; 5.469.470 de 5 a 12 años; y 3.526.625 de 13 a 17 años. El 92% de esta población vive en las zonas urbanas del país.
- 42,8% de los niños/as de 0 a 4 años se encontraban en 2012 privados en el ejercicio de algún derecho, de los cuales el 14,2% en un nivel severo y el 28,6% en un nivel moderado.
- 57,4% de los niños/as y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban en 2012 en déficit de cumplimiento de derechos, de los cuales 8,7% en un nivel severo y 48,7% en un nivel moderado. Es decir, 6 de cada 10 niños/as y adolescentes se encontraban en situación de vulnerabilidad.
Más información
Para obtener gratuitamente los informes que realiza el Observatorio de la Deuda Social Argentina se puede ingresar a http://www.uca.edu.ar/observatorio
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